La Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH estableció en mayo 2010 la suspensión cautelar temporal de la mina Marlin. Pero tanto la empresa minera como el gobierno hicieron desde entonces oídos sordos. Por eso, las comunidades decidieron presionar bloqueando de manera pacífica los accesos principales de la empresa minera a su proyecto.
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