En un comunicado y con una protesta frente al Congreso guatemalteco, al menos 29 organizaciones indígenas rechazaron la resolución y acusaron al Parlamento de “haberle faltado el respeto a la Ley de Reconciliación Nacional, que dicta que no habrá extinción de responsabilidad por genocidio, tortura y desaparición forzada”, por lo que exigieron su anulación y una disculpa pública.
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