Empresas y gobierno entienden el desarrollo como promoción de industrias extractivas y generación de energía para estas industrias, sin tener en cuenta la opinión de las comunidades y los derechos de la naturaleza.
Las empresas transnacionales se conciben (y el gobierno lo acepta sin condiciones), como el actor político determinante, por encima de instituciones democráticas y poderes comunitarios.
Las empresas consideran que el papel principal del gobierno y el Estado es facilitar (de manera legal o a partir del uso de la fuerza) la inversión extranjera. El Estado acepta este papel subsidiario y renuncia a la defensa y promoción de los derechos colectivos.
Las comunidades y organizaciones sociales que rechazan esta visión de desarrollo, el dominio político de las empresas y la subordinación a ellas del gobierno, son consideradas enemigo interno y atacadas.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario